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- Carlos Dívar afirma que 'el CGPJ no está para castigar a los jueces'
- El Supremo dice que no hay impedimento para que el juez viva fuera de España
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne este martes en un encuentro en el que podría tomar una decisión sobre el futuro del juez Baltasar Garzón y su petición de trasladado al Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya (Holanda). En su poder ya están todos los informes que había solicitado para deliberar sobre este asunto.
Antes de presidir la reunión de la Comisión Permanente en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha señalado que "aunque algunos no lo vean, el Consejo General del Poder Judicial es un compañero más de los jueces, de la carrera judicial" y que este organismo "no está para castigar a los jueces" ni para "crear dificultades".
El viernes pasado Baltasar Garzón quedó inhabilitado para ejercer en la Audiencia Nacional y la Comisión Permanente acordó solicitar unos informes antes de decidir si autoriza al magistrado trasladarse al Tribunal de La Haya para ejercer como asesor de la Fiscalía en un puesto que le ha ofrecido el fiscal Luis Moreno Ocampo.
La Fiscalía TPI, uno de los organismos a los que la Comisión Permanente del CGPJ solicitó un informe, respondió que la suspensión de Baltasar Garzón no supone ningún obstáculo para el acceso del magistrado a un puesto de asesor en este departamento.
En una breve misiva, firmada por Ocampo, la Fiscalía del TPI señala que ya conocía la investigación abierta a Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo, y que "comprende que debía ser suspendido de sus funciones" de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
No obstante, Moreno Ocampo subraya que la Fiscalía "respeta el principio de inocencia" establecido en el artículo 66 del Estatuto de Roma "y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".
Mientras, el informe remitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo señala que en ninguna de las causas penales que afronta Garzón se han adoptado "medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado Magistrado". Por lo tanto, el Alto Tribunal no se opone al traslado del juez al TPI.
Tampoco el informe solicitado a la Fiscalía pone objeciones al traslado de Garzón. En el escrito afirma de forma explícita que la posibilidad de que el CGPJ declare en situación de servicios especiales a un juez provisionalmente suspendido "no puede estimarse legalmente impedida por la Ley Orgánica del Poder Judicial".
También el Ministerio de Asuntos Exteriores ha contestado ya al requerimiento que le hizo el CGPJ mediante un informe en el que sigue calificando "de interés" la presencia de Garzón en el TPI. Según fuentes diplomáticas, el informe recalca que España siempre ha apoyado al TPI y ha contribuido con medios materiales o humanos a su constitución y funcionamiento.
El quinto informe solicitado es el del secretario general del CGPJ y también éste está ya en la mesa de la Comisión Permanente del órgano.
Fuente: Diario EL MUNDO
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