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El Gobierno ha tenido que diseñar dos planes de ajuste para bajar el déficit del 11,4% actual al 3% en 2013. El primero, por 50.000 millones y, el segundo -obligado por Bruselas-, de otros 15.000 millones, que, a ojos de los expertos, se quedará corto.
Economistas consultados por ELMUNDO.es exponen por dónde se podría apurar aún más el gasto de la administración y encontrar nuevas vías de financiación que enjuguen el déficit.
Subvenciones
Esta partida supone una inyección de 233.377 millones de euros del presupuesto del Estado, nada menos que el 60% sobre el total. Una cifra muy superior a los dos capítulos donde principalmente se ha metido la tijera (gastos de personal, 33.817 millones, e inversiones, 12.283 millones).
Pues bien, en las llamadas "transferencias corrientes" hay un listado de beneficiarios que van desde partidos políticos, sindicatos hasta asociaciones y obras de caridad que los expertos consideran que habría que meter mano. Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, calcula que hay que bajar un 10% el conjunto de estos gastos.
Y es que hay donaciones tan sorprendentes como el millón de euros que el Ministerio de Política Territorial (Manuel Chaves) destina a la "financiación de los centros de acogida de animales abandonados de Cataluña", los 500.000 euros que el Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural (Ángeles Espinosa) dona a una escuela de pastores, los 340.000 euros que el Ministerio de Asuntos Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) contribuye a la Casa Árabe o los 90.000 euros del Ministerio de Cultura al colectivo de gays, lesbianas y transexuales para el desarrollo de actividades culturales.
Funcionarios
La rebaja de un 5% de media de las nóminas de los empleados públicos supondrá un ahorro para el Estado de 2.400 millones que, unido a la rebaja de un 15% del sueldo de políticos y demás personal de la administración, se añadirían otros 3.000 millones.
Pero muchos economistas ponen el acento en que, además, se debería adelgazar la plantilla de los empleados públicos -Alemania va a despedir a 10.000 funcionarios-. Sirva como ejemplo del "absurdo", en palabras de Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, que para cazar sean necesarias 17 licencias, tantas como Comunidades Autónomas, o que las autonomías abran embajadas en todo el mundo para representarse.
Reforma laboral
La enquistada reforma laboral verá por fin la luz el próximo 16 de junio por decreto. Pese a que los expertos coinciden en que no servirá para crear empleo, sí para facilitar el ajuste presupuestario, donde el gasto de prestación por desempleo "es la peor carga de las cuentas públicas y supera los 30.000 millones al año", apunta el ex secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. En su opinión, la clave de la reforma laboral está en los convenios colectivos que "penalizan a las pymes, que son la base del empleo".
Copago sanitario
Por fin se ha puesto sobre la mesa la unidosis, es decir, adaptar la venta de fármacos a lo que el médico prescribe, con lo que el Gobierno pretende ahorrarse 300 millones. A esta cantidad hay que añadir otros 2.500 por el abaratamiento de los medicamentos. Un total que apenas supondrá un parche a los más de 12.000 millones de gasto farmacéutico anual.
En el tintero se ha quedado otra propuesta polémica: el copago. Rafaél Pampillón, profesor del IE Business School, insiste en que hay que copiar el modelo europeo y cobrar por las visitas médicas que, hasta ahora, son gratuitas. Lo cierto es que esta medida tiene más de impacto disuasorio para frenar la afluencia a los centros sanitarios que recaudatorio.
Por la vía de ingresos, el Gobierno ya aprobó una subida de dos puntos del IVA y de las rentas de capital, que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Pero presionado por su electorado, que ve en el último ajuste un pan antisocial, Zapatero se ha visto obligado a presionar a los ricos y estudia un nuevo impuesto sobre los grandes patrimonios de este país.
Impuesto de patrimonio
En este sentido, hace más dos años se suprimió el impuesto de patrimonio, un tributo que se aplicaba a los patrimonios superiores a 100.000 euros. Con la situación económica, muchos plantean recuperar esta tasa. Es más, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha reconocido que pudo ser un error su eliminación.
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) apuestan por aplicarlo sólo a las grandes fortunas, aquellas con patrimonios individuales netos superiores a un millón de euros -89.000 contribuyentes-, lo que permitiría recaudar 1.450 millones adicionales al año.
Sicav
También genera bastante debate la fiscalidad de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (Sicav), el brazo inversor de las grandes fortunas y por el que tan sólo pagan el 1% de sus beneficios, muy por debajo del 19% y 21% al que tributan el resto de instrumentos de ahorro. El argumento para no tocar estas sociedades es que los inversores se podrían llevar fuera de España su dinero.
Impuesto de Sucesiones
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado estudios que contemplan un nuevo Impuesto de Sucesiones en el que se establezca un mínimo común para todas las comunidades autónomas, lo que supondría su aumento. En los últimos años se han producido rebajas del tributo, que se gestiona regionalmente, por lo que el aumento de tributación iría a parar a las comunidades autónomas, sumidas en un déficit histórico.
IRPF
Los Técnicos de Hacienda también consideran "necesario" modificar las tablas de la renta de los más ricos en el IRPF. Actualmente el máximo es a partir de 52.360 euros, con un tipo marginal del 43%. Por ello, Gestha pide la creación de uno nuevo a partir de 100.000 euros netos anuales con un tipo "de dos o tres puntos más" y otro a partir de 300.000 euros con un tipo de hasta el 50%. Según los técnicos de Hacienda, en España hay 265.531 contribuyentes, el 1,78% del total, que declaran más de 96.000 euros en el IRPF.
Transferencias bancarias
EEUU y la Unión Europea estudian la creación de una nueva tasa que grave las transferencias bancarias del sector financiero que sirva para financiar futuras crisis. Según Gestha, el Estado español podría ingresar hasta 1.400 millones de euros de salir adelante esta propuesta que ya ha planteado el Consejo Europeo.
Pero no sólo la banca puede ser objeto de un nuevo impuesto, también las empresas. Muchos miran el ejemplo de Portugal, que ha subido los impuestos sobre los beneficios empresariales y bancarios.
Economía sumergida
Además de la fiscalidad, existen otras alternativas para aumentar los ingresos del Estado. Según los expertos, la economía sumergida representa el 23,3% del Producto Interior Bruto, la segunda tasa mayor de los países europeos más avanzados. Gestha pide más competencias para en la lucha contra el fraude fiscal y calcula que podría reducirse en diez puntos porcentuales el peso de la economía sumergida, lo que supondría "recaudar anualmente unos 38.000 millones de euros".
Céntimo sanitario
Andalucía y Extremadura se están planteando aplicar el llamado céntimo sanitario, que grava los carburantes para financiar la sanidad.
Privatizaciones y liberalización de sectores
También la privatización de sectores que durante el Gobierno del PP se empleó para aumentar las arcas del Estado, podría hacerlo ahora. La libertad de horarios o la libre apertura de establecimientos siguen encontrando barreras proteccionistas entre los gobiernos autónomicos, pese a los intereses de los consumidores. Farmacias, estancos o administraciones de lotería viven bajo la amenaza de privatización, aunque de momento no hay avances en este sentido. También se ha propuesto liberalizar el transporte de viajeros y de mercancías ferroviarias.
Pendiente de la luz verde está la privatización parcial de Aena. Hace ya casi dos años que el Gobierno anunció la venta a manos privadas del 30% del capital del gestor aeroportuario con el que espera recaudar 9.000 millones de euros. No obstante, desde aquel anuncio no hay avance alguno.
Además, el Ministerio de Fomento trabaja para sacar a concurso algunas torres de controladores. La liberalización de los servicios de control aéreo es una realidad en Europa y en España empieza a contemplarles, ahora, más que nunca para reducir el déficit.
Con información de Elena Hita, Francisco Núñez, José A. Navas y Marisa Recuero.
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