María Peral | Agencias | Madrid
- Diecisiete vocales y el presidente del CGPJ han apoyado la medida
- Esta tarde se decidirá si se le puede dar la situación de servicios especiales
- El Pleno del Consejo decide hoy si suspende cautelarmente al juez
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad en Pleno extraordinario suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo.
El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, la decisión ha sido adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar. En el Pleno no han participado el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles, quienes se apartaron voluntariamente tras ser recusados por Garzón. La convocatoria de Pleno extraordinario fue forzada por siete de los vocales de este órgano (Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gema Gallego y Antonio Montserrat), todos ellos designados a propuesta del PP e integrantes del denominado sector conservador del Consejo.
La suspensión se produce una vez el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha sentado en el banquillo a Garzón, que acumula además otras dos querellas admitidas a trámite en el alto tribunal, por sus cobros de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco de Santander y por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado para esta tarde a las 18.00 horas una reunión de la Comisión Permanente para estudiar si, pese a la suspensión cautelar que se acaba de acordar, se puede conceder a Garzón la situación de servicios especiales para marcharse a La Haya, tal y como había solicitado el magistrado para colaborar con el Tribunal Penal Internacional.
En principio, esta es una circunstancia aplicable sólo a jueces y magistrados que se encuentren en servicio. Así, si quisiera incorporarse a la Fiscalía del TPI, debería solicitar una excedencia, una compatibilidad o apartarse definitivamente de la carrera judicial.
ADEMÁS NO SE LE PERMITE "HUIR" HACIA EL EXTRANJERO
El Servicio de Personal del Consejo General del Poder Judicial ha informado desfavorablemente la concesión al juez Garzón de la situación de servicios especiales para poder marcharse a Holanda como "consultor externo" de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Los técnicos del órgano de gobierno de los jueces afirman que la petición "no cumple los requisitos legales". El juez de la Audiencia Nacional solicitó el martes la concesión de la situación administrativa de servicios especiales -que le da derecho a reservarse la titularidad del Juzgado Central de Instrucción número 5- tras recibir una invitación de Luis Moreno Ocampo, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), para ser "consultor externo" por un período inicial de siete meses.
En menos de 24 horas, la Comisión Permanente admitió a trámite la solicitud y pidió informes al fiscal del TPI "a fin de que concrete la fórmula de colaboración objeto de la invitación"; al Ministerio de Asuntos Exteriores, dado que se trata de una misión en un organismo internacional; a la Inspección del CGPJ sobre la situación del Juzgado de Garzón y al Servicio de Personal Judicial, preceptivo cuando se trata de las situaciones administrativas de los jueces.
La Fiscalía del TPI contestó incluso antes de que le llegara oficialmente la petición de informe. El mismo miércoles por la tarde se recibió un fax en el que Moreno Ocampo informaba de "los detalles de la tarea de consultoría que se requiere por parte del magistrado Baltasar Garzón".
La Inspección contestó igualmente el miércoles por la tarde "siguiendo instrucciones del vocal José Manuel Gómez Benítez", según consta en el propio encabezamiento del informe. Gómez Benítez fue abogado defensor de Garzón antes de acceder al CGPJ y, por ese motivo, se ha abstenido formalmente de las cuestiones disciplinarias que afectan a su antiguo cliente y amigo.
El informe de Exteriores llegó en la mañana del jueves y enfatiza que "la asistencia a la oficina del fiscal del TPI se considera prioritaria".
El informe del Servicio de Personal Judicial siempre es el último que se elabora y tiene en cuenta todos los anteriores. Fue emitido en la tarde del jueves y su conclusión es que la solicitud de Garzón "además de apartarse de cuantos precedentes han quedado expuestos, no cumple los requisitos exigidos por los artículos 353 y 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".
Los técnicos del CGPJ han examinado siete expedientes sobre peticiones de servicios especiales por parte de jueces interesados en ir a organismos internacionales. Alguna fue rechaza y la mayoría, aceptada, pero en todos los casos la solicitud "ha venido precedida por un acto previo de nombramiento o designación para realizar la misión o cooperación".
El Servicio de Personal subraya que, según los artículos 351 y 353 de la LOPJ, la situación de servicios especiales se declara "una vez se verifique el supuesto que la determina" y con efectos "desde el momento en que se produjo el nombramiento".
El Pleno del CGPJ debate este viernes la suspensión cautelar del juez, que irá al banquillo tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo.
Fuente: Diario EL MUNDO
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