NUEVO LLANTO DEL JUEZ CORRUPTO BALTASAR GARZÓN

Efe | Madrid

• Su abogado cree que Varela vulnera 'las normas esenciales del procedimiento'
• Presenta un nuevo recurso solicitando pruebas que ha venido reclamando
• 'No pretendió pasar por encima de ninguna norma, sino interpretarlas'

   El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela, instructor de la querella contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, de pretender impulsar su "inmediata" suspensión cautelar de sus funciones jurisdiccionales.

   Así consta en el recurso de apelación presentado este jueves por Garzón ante el TS contra la decisión de Varela de desestimar el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias, con lo que anticipaba que le sentaría en el banquillo.

   Según el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, la apertura de juicio oral contra su cliente "no es firme" hasta que se resuelve el nuevo recurso que este jueves ha presentado ante el alto tribunal para que lo analice la Sala Segunda de lo Penal.

   Este hecho supone, para el letrado, "un cierto desprecio" hacia esta Sala, "a no ser que -añade- el instructor esté seguro de que se va a desestimar la apelación".

   "Ahora, con un auto de apertura de juicio oral encima de nosotros -y quién sabe si ya con el magistrado suspendido de funciones- tenemos que ir a una apelación que, en buena medida, queda ya fuera de lugar", lamenta el abogado.

Vuelve a reclamar varias pruebas

   En el escrito, González-Fresneda insiste en solicitar que se practiquen las pruebas que ha venido reclamando a lo largo de la instrucción de la causa abierta a instancias del sindicato Manos Limpias, que acusa a Garzón de un delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

   Pese a que Varela consideró la "inutilidad" de practicar esa pruebas, el letrado recalca que no ha resuelto nada sobre las mismas y vuelve a pedir la declaración como testigos de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

   Así, pide a la Sala que se permita la declaración testifical de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel. También la del ex fiscal del Supremo Carlos Jiménez Villarejo y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza.

   Además, solicita, como ya hizo con anterioridad, que declaren la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU Carla del Ponte; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni (uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano), y el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet, Juan Guzmán Tapia.

   Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.

   Además, Garzón vuelve a solicitar la práctica de una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica "no puede ser tenida por absolutamente irrazonable".

   También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.

Defiende su 'interpretación' de la Ley de Amnistía

   El abogado defiende la interpretación que realizó Garzón de la Ley de Amnistía a la que se acogió para declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y subraya que "no pretendió derogar ni pasar por encima de ninguna norma, sino únicamente interpretarlas de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico". (Osea, hacer lo que saliese de las narices)

   Insiste además en que aparte de su representado, otros muchos magistrados entienden que la Ley de Amnistía "no impide la investigación de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil".

   Varela dictó este miércoles la apertura de juicio oral contra Garzón, y este viernes el Consejo General del Poder Judicial estudiará en un pleno extraordinario si lo suspende cautelarmente, aunque, según fuentes del CGPJ, los vocales podrían tener en cuenta la petición del juez para declararle en situación de servicios especiales para trasladarse a la Corte Penal Internacional como "consultor externo" de su Fiscalía.

Fuente: Diario EL MUNDO