Marisa Cruz | Carmen Remírez de Ganuza | Madrid
- Se está determinando la viabilidad de las posibles identificaciones
- Comunica a las familias que el estado de los restos no permite la identificación
- Fausto Canales, una de las personas que buscan a sus familiares en el Valle
- Familiares, monjes y autoridad judicial están informados de los trabajos
- Denuncia 'excusas' para 'cerrar' el Valle desde diciembre de 2009
- Apela a la legislación para denunciar que no se pidieron los permisos
El Gobierno ha reconocido que "hace meses" que se han iniciado estudios forenses en los osarios que se encuentran en el Valle de los Caídos, lo que científicamente denomina "catas", y cuyo objetivo es estudiar la viabilidad para identificar los cuerpos. Según fuentes de Vicepresidencia, el Gobierno se ha tomado "muy en serio" las actuaciones que demandaban los familiares, que desde hace años piden la identificación de los cuerpos enterrados en el Valle.
Pues a ver si se toman más en serio todavía resolver el problema del PARO que es muchísimo más importante en lugar de perder el tiempo y desviar la atención de la masa social, con cosas que pasaron hace décadas, que no estamos para derrochar más todavía el dinero.
Nueve son las familias que habían reclamado los cuerpos de sus seres queridos, nueve republicanos ajusticiados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo sin el conocimiento de sus familiares.
¿Y de cuántas cientos de miles de personas se van a tener que malgastar los impuestos de todos? ¿Con los franquistas asesinados a manos de republicanos también vais a esforzaros tanto?
Una vez que la vía judicial se estancó, estas familias acudieron al Ministerio de la Presidencia, donde presentaron un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero su petición fue denegada y el Gobierno comunicó públicamente el 16 de septiembre que no se procedería a la exhumación de restos del Valle de los Caídos.
Según un reportaje publicado este lunes por la revista 'Interviú', un equipo de forenses entró el pasado 6 de septiembre, por primera vez y "en secreto", en las tumbas del Valle de los Caídos sin orden judicial ni mandato de un juzgado.
Sin embargo, fuentes de Vicepresidencia han insistido en que todo se está haciendo "de acuerdo a la legalidad" y que "no hay nada en secreto". Así, ha reconocido que se han hecho dos prospecciones para evaluar si es posible exhumar los cuerpos e identificarlos. Las fuentes consultadas explican que estos estudios forenses no significan abrir tumbas sino únicamente comprobar la viabilidad.
En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que está realizando un trabajo triple. Primero para conocer la situación (ubicación) de los restos, segundo un estudio arquitectónico porque las fosas son muy grandes y pueden dañar la estructura, y tercero un estudio forense de los restos.
Aprovechando trabajos de mantenimiento
En un comunicado, el Ministerio de Presidencia afirma que el estudio compete a Patrimonio Nacional -responsable del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos-. "Dentro de este procedimiento se han realizado entre los meses de mayo y septiembre distintas prospecciones en las criptas, para comprobar el estado de los osarios, sin que se haya procedido a ninguna exhumación ni traslado", subraya.
Añade, además, que los estudios forenses "aún no han concluido" pero que, una vez finalizados, el Gobierno dará a conocer sus conclusiones "tanto a las distintas fuerzas políticas del arco parlamentario como a las asociaciones y familiares interesados".
El Gobierno matiza que el estudio requiere, por un lado, una labor documental de compilación y análisis de libros de registro o documentación de los Gobiernos civiles de la época (para determinar la distribución de los restos en los osario) y, por otro, una tarea de conservación de la estructura del templo, las criptas y los osarios.
¿Inviable?
Por otro lado, la revista asegura que el estado de los osarios es "inviable", y por tanto su identificación no es posible, según comunicó el Ejecutivo a los familiares que lo habían solicitado.
La información publicada por la revista señala que se han explorado seis osarios en las capillas laterales y otros dos más grandes de tres plantas cada uno y perpendiculares al altar central. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro; miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia.
Las reacciones al trabajo de exhumación en el templo no se han hecho esperar. La Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos ha explicado que eran "conscientes" de que se estaban realizando los trabajos y que "los respetan" siempre y cuando "no se profanen otras tumbas que estén alrededor que pertenezcan a sus asociados", según explica Pablo Linares, presidente del colectivo.
EL PP DISIENTE DEL POBRE RAZONAMIENTO DEL GOBIERNO DE ZPARO
Una Ley que el Ejecutivo también ha conculcado "sistemáticamente", en palabras de Fernández-Díaz, al "cerrar" el propio Valle al público con "excusas" varias -entre ellas las propias obras de remodelación y mantenimiento por parte de Patrimonio- desde diciembre de 2009.
Respecto de la apertura de los osarios, el dirigente 'popular' apela al artículo 16 de la ley de Memoria, "el más votado por todos los Grupos de la Cámara", que, además de despolitizar por completo el Valle de los Caídos y de prohibir en el recinto cualquier "acto de naturaleza política o de exaltación de la Guerra Civil o el franquismo", establece que "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos". Así, según el diputado catalán, el Gobierno estaba obligado por Ley no ya a invitar al padre abad -que es la máxima autoridad en el lugar de culto- sino a pedirle permiso. Además, debíó pedir autorización al ayuntamiento y a la comunidad, como es de uso para cualquier cementerio público.
Con respecto a lo que viene ocurriendo desde hace 10 meses, el PP acusa al Gobierno de haber apartado deliberada y unilateralmente al Valle de los circuitos turísticos, "cuando atraía a 400.000 personas". También denuncia que, según el citado artículo de la Ley de Memoria, el Ministerio de la Presidencia está estableciendo el horario de visitas, cuando es la Abadía la verdaderamente competente.
Fernández Díaz admite haber tenido cumplido y oficioso conocimiento de cuanto acontecía en el Valle, y asegura que el PP no quiso denunciar los hechos, "precisamente, para que la política quede extramuros del recinto, tal como se pactó en la ley de Memoria Histórica".
"Se trata de una política de hechos consumados", denuncia ahora el diputado 'popular', la que está haciendo el Gobierno.
Fuente: Diario EL MUNDO
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