TODO SE LE COMPLICA A GARZÓN EN SU CASO DE PREVARICACIÓN: LA FISCALÍA IMPLICA A MÁS AMIGITOS DE GARZÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Europa Press | Madrid

•  El abogado de Pablo Crespo pide 10 años de inhabilitación al juez

   El letrado Ignacio Peláez, el primero que se querelló contra Baltasar Garzón, ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo su escrito de acusación contra el juez, en el que propone como medios de prueba la declaración de los magistrados instructores del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y en el de la Comunitat Valenciana, José Flors, los funcionarios de la Policía que hicieron las grabaciones y las fiscales Anticorrupción que han estado a cargo de este proceso, Concepción Sabadell y Myriam Segura.

   El abogado, primero en querellarse por las escuchas a abogados del 'caso Gürtel' en la prisión de Soto del Real (Madrid), considera que Garzón cometió un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales, por lo que le pide que se le imponga una multa de 2.160 euros y 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público.

   Según señala el abogado en su escrito, Garzón "hizo caso omiso y de forma totalmente consciente" dictó en febrero y en marzo de 2009 autos en los que acordaba estas escuchas a los presuntos cabecillas de la trama (Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo y Antoine Sánchez) con sus abogados. "Pero es que, además, el contenido de esas comunicaciones ha sido utilizado tanto por los funcionarios de policía como por el propio juez acusado, para de forma absolutamente ilícita, utilizarlas en la investigación e instrucción del procedimiento denominado 'caso Gürtel'", añade el letrado.

Datos exculpatorios para Camps

   Asimismo, destaca que Garzón no envió la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpaban de forma clara" al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

   Asimismo, apunta que en el auto de febrero por el que se acordaba la intervención de las comunicaciones, el magistrado "ya se requería a los policías que iban a hacer la misma que deberían informar al juzgado con la correspondiente transcripción quincenalmente del contenido de las comunicaciones, por lo tanto es evidente que el juez instructor ya había sido informado y conocía el contenido de las comunicaciones", que le incluían a él mismo, antes de que declarara su representado.

Fuente: Diario EL MUNDO