Guillermo Morantinos
¿Se fiarían de una ley que puede utilizarse de forma arbitraria? ¿Apoyarían una iniciativa que deje a un lado a los jueces y establezca que funcionarios públicos decidan si algo vulnera o no unos derechos? Esto es lo que denuncian que establece la Ley Sinde desde el movimiento ciudadano #nolesvotes.
Por ello, han decidido realizar un boicot hacia los creadores que han apoyado de forma pública la polémica normativa. Como explican en su web “el objetivo es no comprar ni consumir obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como Ley Sinde”.Señalan que “no se intenta reducir la libertad de expresión”, sino que se pide “un consumo responsable”, puesto que entienden que estos creadores se han mostrado a favor de “una ley que recorta libertades fundamentales en favor del interés comercial de una minoría”. Aluden a que utilizan el boicot como arma “democrática” y a que lo hacen de la única forma “que afecta directamente a los intereses de fondo: el dinero”.
Aunque el asunto ha servido como arma mediática, desde #nolesvotes han querido explicar a El Confidencial la verdadera esencia de su oposición a la normativa.
Ricardo Galli, uno de los impulsores de la iniciativa, cuenta a este diario que el problema no se centra en si hay o no que retribuir los derechos de la propiedad, algo con lo que él personalmente está de acuerdo, sino que la cuestión es que “se quitan los juicios de en medio” y, por tanto, la protección judicial.
Según explica a este diario, “la ley sancionará a los servidores nacionales que alberguen sitios web de descargas –asegura que estas empresas están teniendo pérdidas por la migración de muchos portales al extranjero- y a las propias páginas que los contengan, pero nunca a los usuarios”.
“Se creará una comisión ministerial que decidirá si se pueden eliminar o borrar comentarios, enlaces o webs, lo que creará una inseguridad jurídica muy importante”, asegura. “El comité te hará una recomendación para que elimines ciertos contenidos y si no lo haces, te multarán o te bloquearán el sitio. En el caso de los intermediarios, estarán obligados a eliminar enlaces u otros contenidos porque si no sería desobediencia a una autoridad judicial”. Tras la decisión de esta delegación, sería el juez el que finalmente autorizase o denegase las medidas impuestas.
Por ello, califica el reglamento de “antidemocrático” al establecer una “comisión política” y anuncia que cuando se realicen los primeros cierres acudirán al Tribunal Constitucional o a la Justicia europea. Habla Ricardo Galli de que “los funcionarios no pueden tomar decisiones injustas a sabiendas, puesto que incurrirían en un delito de prevaricación”.
Aseguran que, a pesar de la ley, se podrá seguir descargando
La nueva normativa, según explica, tiene aspectos muy ambiguos. “¿Son los foros públicos intermediarios o no? No queda nada claro porque si incluyes un enlace de descarga ahí y te piden que lo elimines…”, comenta.
El reglamento aprobado va en contra de cualquier sitio de enlaces
Otro aspecto es que “si la empresa no está en España (Megaupload, por ejemplo) no se puede hacer nada. Habría que crear una ley SOPA como la de EEUU que actúa contra portales extranjeros”.
La Zángana mayor del reino de España |
En este sentido, afirma que “no pueden crear una normativa específica contra estas páginas, entonces hacen una genérica que puede afectar a cualquiera”. Pone como ejemplo que "si incluyes en tu web un logo de alguna marca, te podrían pedir que lo retirases".
La inteligencia de Sinde brilla por su ausencia |
Cree que “técnicamente es tan mala que con otros programas se podrá seguir descargando o aparecerán los enlaces en otros sitios. No lo van a poder evitar”. Por eso, vaticina que “dentro de dos o tres años estarán diciendo que hay que ir a más y declararán ilegal las descargas”.
Los autores se esperaban este boicot
Lucia Etxebarria, ni vale para escritora ni para mucho menos como modelo, por eso apoya con todas sus fuerzas la ley Sinde, ya que es la única forma que tiene de subsistir esta auténtica fracasada. |
La libertad de elección implica el conocer las consecuencias de cada decisión, y yo las conocía
El miembro del movimiento cuenta que la ley responde al intento de mantener vivo el negocio de discográficas o editoriales, que son las que más ganan en este sentido, y continuar con las cifras actuales de facturación. Pero asegura que “muchos escritores han caído en la trampa y repiten lo que les dicen sus ‘jefes’”. Critica también que estos intelectuales “no se hayan esforzado demasiado a la hora de pensar”. “Es como si la prensa decide ponerse a insultar porque ha bajado la inversión publicitaria”, dice.
Sigamos dando subvenciones a los LADRONES de la SGAE |
El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con alguno de ellos, como Elvira Lindo, que ha declinado la invitación a manifestarse sobre el asunto. Sólo Lucía Etxebarría ha querido: “la libertad de elección implica el conocer las consecuencias de cada decisión, y yo las conocía. Ya hace un año que amenazaron con este boicot, no solo a mí, sino en general, y aquellos que nos pronunciamos públicamente sabíamos el riesgo que corríamos al hacerlo, así que asumo las consecuencias de mi decisión”.
De todos modos, asegura a este diario que “está orgullosa de que su nombre figure al lado de creadores a los que admira como Almudena Grandes, Pedro Almodóvar, Savater, Fernando Trueba, Javier Bardem... y tantos otros".
Desde #nolesvotes aseguran que se han decidido por actuar contra personas concretas, ya que si el boicot fuese contra las editoriales, discográficas o productoras en general se perjudicaría a otros autores que no han participado en el apoyo a la ley.
Fuente: Diario EL CONFIDENCIAL
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