EL PAÍS | Madrid 27/06/2011
El Gobierno ha logrado hoy aprobar en el Congreso la reforma de las pensiones con el único apoyo de CiU, que ha dado su visto bueno a la norma tras lograr vía enmienda algunos cambios en el texto que salió del Consejo de Ministros. Ahora, la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que es el nombre técnico de la reforma pasa al Senado, donde el PP mantiene su mayoría, sin necesidad de que sea debatido en pleno. En cuanto a los cambios más recientes, además del reconocimiento a las prácticas de los becarios sin límites
anunciado la semana pasada o los beneficios por el cuidado de hijos menores, el PSOE ha introducido a última hora una enmienda tras llegar a un acuerdo con CC OO y UGT para integrar a los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social.
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el dictamen del proyecto de ley de la reforma con los votos a favor de PSOE, CiU y la abstención del PNV, mientras que PP, ERC-IU-ICV y BNG han votado en contra por su rechazo a la principal medida del proyecto: el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. No obstante, podrán
seguir retirándose a los 65 quienes hayan cotizado 38 años y medio. También
se alarga el período de computo para calcular la pensión de 15 a 25 años.
El ponente socialista, Jesús Caldera, ha asegurado en relación a los cambios sobre los empleados de hogar que este proceso "no supondrá una carga excesiva" para los empleadores y permitirá una "adaptación razonable" a los costes de la cobertura. La integración de este colectivo supone una equiparación de derechos y deberes con el resto de colectivos de trabajadores.
Para que los empleados de hogar puedan ser dados de alta deben tener un contrato en el que como mínimo se estipule: número de horas de trabajo semanales; salario mensual o por hora; salario en especie; si existe o no pacto de horas de presencia y su retribución; si existe o no pacto de pernoctación y su retribución, y el número de cuenta bancaria del titular del hogar familiar donde domiciliar la cotización. En caso de baja de la actividad laboral, a partir del noveno día la incapacidad temporal corre a cargo de la Seguridad Social, mientras los empleadores pagarán desde el cuarto día hasta el noveno. Hasta ahora, la Seguridad Social pagaba la incapacidad Temporal de las empleadas de hogar a partir del día 25.
Entrada en vigor y periodo de adaptación
El cambio normativo, que prácticamente concluye el mandato del Pacto de Toledo para la integración de los distintos regímenes existentes, entrará en vigor el 1 de enero de 2012. No obstante, se da un plazo de seis meses naturales para que los empleados y los titulares de hogares familiares (denominación que reciben los empleadores que contratan este servicio) puedan adaptarse a la nueva situación, con lo que la integración será plena a partir del 1 de julio de 2012. Se establece un periodo transitorio hasta 2019 para que la adaptación no sea lesiva para los empleadores ni tenga consecuencias sobre el empleo.
Además, en la sesión de este lunes, se han introducido otras seis enmiendas fruto de la negociación con CiU, entre los que destaca una que permite que las viudas, que verán elevada la base reguladora de su pensión del 52% al 60%, no se vean perjudicada fiscalmente, así como otra modificación relativa al impulso a los seguros colectivos de dependencia que deberá asumir las empresas.
Otras de ellas establece que las ayudas a titulados académicos para subvencionar estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización que impliquen tareas en régimen de prestación de servicios deberán establecer en todo caso la cotización a la Seguridad Social como contratos formativos, aunque no obligue a la contratación laboral. Por otro lado, el Gobierno se compromete a probar en un año el desarrollo reglamentario de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, pendiente desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007.
El PP augura la entrada en déficit del sistema
Durante el debate, el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, ha criticado que la reforma es "inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente" y ha lamentado la prolongación de la edad de jubilación sin reforzar el principio de contributividad. Así, ha asegurado que la norma endurece el sistema haciéndolo "más injusto" ya que conllevará perdidas de pensión "serias" incluso trabajando más años. Además, tras recordar que su partido apostaba por el retraso voluntario e incentivado, ha asegurado que el primer efecto de la reforma será al "entrada inmediata en déficit del sistema".
Carles Campuzano, de CiU, ha criticado que no se produjera un debate en el pleno por tratarse de una reforma imprescindible, con independencia de la crisis, para afrontar retos como el aspecto demográfico, la esperanza de vida o las bajísimas tasas de natalidad. Por el lado contrario, ha justificado su voto a favor en que se trata de una reforma que no cuestiona las bases del sistema público de pensiones y es coherente con las modificaciones introducidas desde 1985, ya que sólo transforma algunos parámetros pero no sus principios.
También el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha lamentado que no sea debatida en el pleno del Congreso. En su opinión, la reforma empeora los sistemas de protección vigentes, sobre todo cuando contempla diversas pensiones mínimas y cambios en los complementos de mínimos.
Desde IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha mostrado el desacuerdo de su grupo con la falta de debate en el pleno y ha denunciado que la reforma supone un "retroceso histórico" en los derechos de los trabajadores y una razón más para la indignación ciudadana y para la desafección de la política.
