El "Progresista" Gobierno aprobará el próximo viernes en Sevilla la Ley de Economía Sostenible si nadie lo impide, --tal y como anunció José Luis Rodríguez Zapatero-- y una de sus principales propuestas, el cierre de webs o más bien, la censura encubierta, porque con el pretexto de "con descargas ilegales", cualquier contenido que se publique podría ser susceptible de ser ilegal. La ley de Economía Sostenible está a la espera de conocer si finalmente queda modificada tras los informes de diversas instituciones.
El pasado 8 de enero del 2010, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto conocido como 'Ley Sinde', por lo que el siguiente paso era el de conocer la opinión de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado. A la espera de la aprobación definitiva de la Ley, el texto podría haber registrado cambios en este periodo de dos meses en el que ha sido presuntamente estudiado, aunque conociéndolos y tras las veces que han mentido descaradamente, es muy posible que vuelva a presentarse ese engendro tal cual, sin que se le varíe ni una sola coma.
El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet. Un comentario bastante lógico ya que si los juzgados ya de por sí no dan abasto, pues hazle con dinero público el trabajo sucio a la SGAE y demás entidades de gestión haciendo que los ciudadanos sufran las consecuencias de que la Justicia se atrase todavía más por exceso de trabajo.
A pesar de que el consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Es que es inaudito por otra parte que se defienda con dinero público a estos "entes" perversos del siglo XXI que pretenden emular el diezmo de la oscura iglesia de la EDAD MEDIA, pero claro, para el Gobierno de Jose Luis Rodríguez ZPARO, hay que dar prioridad a estos "colectivos" porque luego gracias a ellos ganan las elecciones y sino... ¿alguien recuerda la OSCURA campaña de los artistas de la CEJA o la reciente campaña "esto lo arreglamos entre todos" que hasta se emitió por TVE a pesar de que ya no puede emitir anuncios de ninguna clase?
Además de esto, en el informe de la Fiscalía, se criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Si permitimos esto, abriremos la veda para la LIBRE CENSURA.
Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web. ¡Qué gracioso! Mientras tanto el abanderado de los DERECHOS SOCIALES permite que un trabajador se quede sin cobrar meses e incluso años las nóminas que le adeude un empresario hasta que salga el juicio y se pueda ir a FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) mientras que para los señores de la SGAE se pretende que todo quede zanjado en 4 días. ¡Eso sí son políticas sociales! ¡VIVA ZPARO!
Finalmente, la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión. Osea, CENSURAR si una Web es lesiva a los intereses de 4 pintamonas alias "artistas" o lo que sea.
Además de esto, en el informe de la Fiscalía, se criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Si permitimos esto, abriremos la veda para la LIBRE CENSURA.
Finalmente, la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión. Osea, CENSURAR si una Web es lesiva a los intereses de 4 pintamonas alias "artistas" o lo que sea.
En fin, la situación de ESPAÑA empeora por momentos y no puede ser más lamentable, (bueno, esto último no lo diré muy alto que todos sabemos ya como es de INÚTIL ZPARO y las sorpresas a las cuales ya nos tiene por desgracia acostumbrados).
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