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viernes, 2 de septiembre de 2011

EL CONGESO SUCUMBE A LA MERCADOCRACIA: ¡BIENVENIDOS A VILLAPSOE!

Marisa Cruz | Carmen Remírez de Ganuza | Madrid

  • Justifican la urgencia del cambio por la 'gravedad' de la situación económica
  • CiU se considera 'expulsada' del consenso constitucional
  • UPyD anuncia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
  • IU-ICV asegura que la reforma es 'ilegítima' y supone una 'involución'

La alemana Merkel detrás de la
reforma de la constitución española
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria con el apoyo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, además de UPN. La votación se ha saldado con 316 votos a favor de la reforma y cinco votos en contra (CC, UPyD y dos del PSOE -uno del ex sindicalista Antonio Gutiérrez y otro de un diputado de Baleares que se ha equivocado al apretar el botón-).

Ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios ha sido aceptada. Los diputados de BNG, NaBai, ERC, ICV se han ausentado en el momento de la votación como gesto de protesta. Los representantes de CiU y PNV, pese a quedarse dentro del Hemiciclo no han votado. Por su parte el diputado de IU, Gaspar Llamazares, tampoco ha abandonado el Pleno, pero para poder vetar dos enmiendas transaccionales ofrecidas a última hora a CiU por PSOE y PP.

Para la aprobación era necesaria una mayoría de tres quintos, la cual se ha superado de forma amplia. El proyecto pasa ahora al Senado donde concluirá su tramitación parlamentaria la próxima semana.

PP y PSOE han justificado la reforma constitucional que ambos han pactado de forma exprés, con un único y clarísimo argumento: la de servir de instrumento contra la crisis. "¿No se dan cuenta de la gravedad de la situación?", ha preguntado Soraya Sáenz de Santamaría a los nacionalistas y diputados de la izquierda parlamentaria contrarios a la reforma.

"Hablamos de que la crisis no se salde con más paro, de recuperar la estabilidad económica y la credibilidad. La reforma es imprescindible para la recuperación económica, la respuesta más oportuna para la convulsión financiera que hemos vivido", ha dicho la portavoz 'popular' desde la tribuna.

A este razonamiento se ha sumado sin un sólo punto de fricción, el portavoz socialista, José Antonio Alonso. Para el PSOE la urgencia de la modificación constitucional responde a la "necesidad de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del estado del bienestar", que, en su opinión, "se encuentra en peligro". "La reforma", para los socialistas", "no puede permitirse dilación alguna".

La sombra de Merkel acechando a ZPARO y Rajoy
Sáenz de Santamaría, además, ha advertido a los nacionalistas de que "dejar al arbitrio de cada comunidad autónoma el límite de su déficit es dejar 17 límites que difícilmente cuadran", lo que ha sido correspondido por los aplausos de su bancada. Ha afirmado también que "sin austeridad, se empieza con subidas de impuestos y se acaba con recortes sociales". Por último, y con vistas al horizonte electoral, ha dicho que ésta "no será la última" de las reformas que el PP se propone plantear para la recuperación.

En realidad al margen de la "grave" situación económica por la que atraviesa el país y el peligro de que nuevamente los ataques financieros contra la deuda soberana pongan en solfa la solvencia económica de España, ninguno de los dos gandes partidos han manejado más argumentos. Como cabía esperar sus razones y sus llamamientos a la reflexión y a la responsabilidad han hecho poca mella en los restantes grupos.

Convergencia i Unió, la formación política a la que PSOE y PP han intentado convencer hasta el último minuto para que no que abriera un frente de guerra en contra de la reforma de la Carta Magna, ha asegurado ante el pleno del Congreso que se siente "expulsada" de la Constitución.

No es el único grupo que tiene este convencimiento. De hecho, todas las formaciones minoritarias, a excepción de UPN, comparten esta sensación. La tormenta de críticas y acusaciones que han desatado contra los dos grandes partidos -PP y PSOE- ha sido descomunal.

A la amargura explicitada por el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez LLibre, se ha sumado el malestar abierto del resto de las formaciones pequeñas. Así, por ejemplo, el BNG ha acusado a populares y socialistas de "sacrificar la democracia, la soberanía popular y el autogobierno de las Comunidades Autónomas", todo ello aceptando el chantaje de los especualdores".

Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, ha calificado la reforma de la Constitución, tal y como la han llevado a cabo los dos principales partidos, de "absolutamente vergonzosa". "Es una reforma", ha dicho, "no de consenso, sino de exclusión".

'Expropiación' de la democracia


ZPARO y Rajoy pactando la Constitución en un
despacho a puerta cerrada a las 3 de la manaña
A continuación, la intervención de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha sido durísima. Pocas veces en la Cámara el tono del reproche se ha elevado tanto. Díez ha acusado a PP y PSOE de "perpetrar" un ataque en toda regla contra la Carta Magna. "Hay que reformar la Constitución", ha dicho, "para protegerla de ustedes".

"¿Quiénes se creen ustedes que son?", ha espetado la diputada. "Han expropiado la Constitución y la democracia española al negarnos a los restantes grupos el derecho a participar". Tras ello, Díez, ha anunciado la intención de su formación de acudir al Tribunal Constitucional "en amparo" para "defender el derecho a la participación política", que a su entender PSOE y PP han cercenado en esta ocasión al vetar un buen número de enminedas de las presentadas por los grupos pequeños.

Para ERC, la reforma es sencillamente "deleznable", además de "antidemocrática, antisocial y centralista". Se trata en su opinión de una modificación "ideológica, conservadora y de espíritu neocon" que sólo acarreará "mayores recortes sociales". En este caso, ha asegurado Joan Ridao, "PP y PSOE enarbolan juntos el estandarte neoliberal". En definitiva, para ERC se trata de "una reforma letal, un nuevo golpe de Estado constitucional".

IU-ICV también ha mostrado su "indignación" por la inadmisión de plano de la enmienda a la totalidad que habían presentado. "El procedimiento que han ustedes empleado", ha asegurado Nuria Buenaventura, "convierte la reforma en ilegítima e inconstitucional". "Esto", ha añadido, "es una involución democrática", que en su opinión se resume en una máxima: "Primero los bancos, después las personas".

Los nacionalistas vascos también se han mostrado intratables. Josu Erkoreka ha acusado a los dos grandes partidos de "manipular" las normas y los procedimientos y de llevar a cabo algo tan importante como una modificación de la Carta Magna "en secreto y a puerta cerrada" negando al resto de las formaciones políticas y a los ciudadanos la más mínima participación. "Aplican la ley del embudo: la parte ancha para ustedes y la estrecha para los demás".

El PNV ha visto rechazada de plano su intención de ampliar la reforma de la Constitución para incluir en la misma el derecho a la autodeterminación, En su opinión, ello demuestra que hay asuntos "que tienen vetada la entrada en la Cámara".

Artículo 135
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.
Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.
Fuente: Diario EL MUNDO

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